Del 12 al 13 de abril de 2018, se realizaron las VI Jornadas Laborales organizadas por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA) en el Aula Isóptica de la Unidad de Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El horario de este evento académico-sindical fue de 9:00 a 14:00 horas.

El programa estuvo estructurado por dos conferencias magistrales y un panel. La primera ponencia fue sobre “El sindicalismo universitario ante la universidad en riesgo” y, en la segunda, llevó por título el “Financiamiento a las instituciones de educación superior en México”. En el panel participaron las siguientes administradoras de fondos para el retiro (AFORES): Siglo XXI-Banorte y Principal, por considerar que son, junto con la de Banamex, las que tienen el mayor número de afiliados.

La invitación de estas afores fue para que explicaran a la audiencia el modelo de jubilación para los compañeros académicos que ingresaron a prestar sus servicios bajo la ley del IMSS del año 1997. Esta nueva modalidad de jubilación consiste en que cada trabajador es responsable de su jubilación, por lo que si quiere tener en su vejez una pensión que le permita vivir dignamente, deberá ahorrar lo más que pueda, de lo contrario vivirá la última etapa de su vida de manera precaria.

El objetivo general de estas jornadas académico-laborales es informar al personal docente de los derechos y deberes que implica prestar sus servicios profesionales a una institución pública de educación superior, con el fin de contribuir a la formación de la conciencia laboral, así como motivar la reflexión sobre el carácter tan peculiar que entraña trabajar en una institución educativa, sin fines de lucro. Es en este contexto donde deberían moverse los sindicatos universitarios a la hora de demandar mejores condiciones, pues, si se pierde de vista esta perspectiva pueden poner en peligro la sustentabilidad de la educación pública del país. La responsabilidad de las agrupaciones gremiales universitarias es cuidar al máximo las casas estudios de nivel superior del país, privilegiando el interés colectivo sobre el particular.

A las jornadas asistieron agremiados a la ACIUAA, los directivos de los sindicatos de las universidades autónomas de Guanajuato y San Luis Potosí, personal de los departamentos de Recursos Humanos y del jurídico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y alumnos del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas.

EL SINDICALISMO UNIVERSITARIO ANTE LA UNIVERSIDAD EN RIESGO

La primera conferencia, “El sindicalismo universitario ante la universidad en riesgo”, fue dictada por el maestro Luis Bueno Rodríguez, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Este profesor es una de las pocas personas que ha sabido conjugar adecuadamente los aspectos teóricos y prácticos del sindicalismo universitario. Por lo regular, la gran mayoría de activistas sindicales son absorbidos por el sistema político y económico o por sus intereses personales. Sin embargo, Bueno ha perseverado y sigue hasta el día de hoy en pie de lucha, tratando de defender a la universidad pública de las tentaciones de privatización, tanto de manera directa como indirecta, así como pugnando por mejores niveles de vida de los trabajadores universitarios.

La prueba de su activismo práctico, lo podemos apreciar en la promoción y difusión de la cultura sindical universitaria, a través de la organización de diversos foros de estudio y discusión, así como en la participación de marchas, plantones manifestaciones, huelgas de su sindicato y de sindicatos fraternos.

En el campo teórico, Bueno ha hecho del sindicalismo universitario su tema de estudio e investigación. Como fruto de sus indagaciones, se pueden mencionar algunas de sus publicaciones, como la «Flexibilidad y bilateralidad en la contratación colectiva e individual» (1993); «Universidad y trabajo. Los elementos de la complejidad» (1993, 1998); «Deshomologación Salarial: ¿cuánto por punto?» (1993); «En busca del sindicalismo perdido» (1994) y «Global Management: Universal Theories and Local Realities» (1998).

El hecho de estar inmerso en el terreno de las asociaciones gremiales universitarias con una visión crítica, le ha permitido vislumbrar que esta institución está en riesgo de reducirse a su mínima expresión, en el menor de los casos, y en el peor a convertirse en casas de estudio con participación de capital privado. Esta tesis tiene su fundamento en el abandono y restricción financiera que han tenido éstas por más de tres sexenios. Si la universidad pública está amenazada por diferentes frentes, sus sindicatos lo están aún más, pues, la tendencia es no sólo limitar las prestaciones económicas obtenidas a lo largo de su historia, sino también los beneficios de otra índole.  Al respecto, es un hecho que la Federación y los estados pugnan por que los sindicatos reformen sus contratos colectivos de trabajo, sobre todo en lo que se refiere a las prestaciones económicas que han logrado. Una muestra clara de lo anterior fue la reforma que llevaron a cabo las organizaciones gremiales de las universidades a sus sistemas de pensiones y jubilaciones a principios del 2000.  Las ideas principales vertidas por Bueno en su conferencia, tienen este marco de referencia.

El ponente inicia su exposición, señalando que la causa más importante por lo que la universidad pública está en riesgo es la insuficiencia de recursos económicos con los que ha venido trabajando. La restricción de los recursos económicos de 2017, fue la gota que derramó el agua, al poner de manifiesto que todas las universidades del país venían trabajando con presupuestos tan precarios, que ya no fueron capaces de soportar los nuevos recortes presupuestales de dicho año. Esta restricción presupuestal, puso de manifiesto que todas las universidades públicas estatales tenían serios problemas para cumplir con todos sus compromisos financieros, sobre todo el referente a sueldos y salarios de sus trabajadores. Al menos ocho instituciones, se declararon en quiebra técnica.

Entre las consecuencias más importantes derivadas de esta reducción presupuestal se pueden señalar las siguientes: limitación de la ampliación de la matrícula estudiantil, la cual deja sin oportunidad de cursar una carrera universitaria a una gran cantidad de jóvenes que están en edad para hacerlo y el estancamiento y disminución de la contratación de nuevos trabajadores académicos, con lo cual no es posible renovar de manera programada la plantilla docente de estas instituciones. Un fenómeno relativo a lo anterior y que preocupa a todas las casas de estudio de nivel superior es la contratación de un elevado número de personal interino, contratación que es superior a la plantilla docente de base. Estos profesores son los que perciben los salarios más bajos y no gozan plenamente de las prestaciones económicas estipuladas en los contratos colectivos de trabajo. Asimismo, cada semestre están con la incertidumbre de ser contratados nuevamente por su institución.

La exigencia de mayores recursos a la educación pública superior es una tarea conjunta, que involucra a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, a los rectores de las universidades del país agrupados en la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), a las autoridades de cada casa de estudios con sus respectivos sindicatos, los afiliados a estas organizaciones gremiales, que sin lugar a duda son los que deben expresar su malestar ante esta situación por la que pasa la educación pública y las agrupaciones gremiales  a nivel nacional como: Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior Investigación y Cultura (CNSUESIC) y Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU). La demanda de mayores recursos debe hacerse directamente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la Unión, que es quien aprueba el presupuesto de cada año y la Cámara de Senadores. La demanda fundamental es el incremento del presupuesto a este sector para que amplíe las oportunidades de estudio de los jóvenes mexicanos que deseen cursar una carrera universitaria y para contratar personal de tiempo completo y de asignatura, de acuerdo al perfil de los programas de estudio.

La situación del personal docente que trabaja con estabilidad laboral en las instituciones de educación superior públicas y privadas está muy lejos de satisfacer a cabalidad los requerimientos de personal de estas casas de estudio, pues más de la mitad su personal académico es contratado de manera interina. Estos trabajadores universitarios, sobre los cuales recae la formación de los futuros profesionistas del país, están legalmente desprotegidos para continuar prestando sus servicios en las universidades. Su continuidad laboral está sujeta a la discrecionalidad de las autoridades, que los despiden con la mano en la cintura sin que haya alguna normativa que los proteja.

En las instituciones de educación pública y privada del país laboran con estabilidad laboral 640,471 académicos. Sin embargo, hay una gran desigualdad entre ellos, en cuanto que la gran mayoría es de asignatura y unos cuantos tienen la fortuna de contar con plazas de medio tiempo y tiempo completo. A esta cantidad habría que agregarle los profesores que son contratados semestralmente y que representan más del 50% en las instituciones públicas. En las privadas, este porcentaje se eleva por arriba del 80%.

De esta cantidad total de docentes con estabilidad laboral, 404,882 prestan sus servicios profesionales en instituciones públicas y 235,589 trabajan en universidades privadas. En términos porcentuales, la educación pública atiende 63.22% de la matrícula estudiantil y las segundas el 36.78%. Aunque la educación pública atiende a la mayoría de la demanda estudiantil, sin embargo, cabe señalar que en los últimos años la educación privada ha crecido de manera muy significativa, gracias, en parte, a que el estado sólo atiende el 30% de la demanda de jóvenes que solicitan ingreso a estas instituciones. Quedan fuera de la cobertura pública el 70%, el cual pasa a ser un amplio mercado para la educación privada.

Al interior de la plantilla docente nacional existe una gran diferenciación entre ellos, ya que los profesores de asignatura representan el 67.70%; los de medio tiempo el        5.07% y sólo el 27.24% goza de una plaza de tiempo completo.

Haciendo un breve análisis y comentario de la estructura de la plantilla académica de las universidades públicas, se observa que los profesores de asignatura representan el 55.20%; los de medio tiempo el 5.34% y los profesores de tiempo completo representan el 39.46%. Si adicionamos los porcentajes de los profesores de asignatura y de medio tiempo, podemos decir que más del 60% de los maestros que trabajan en las universidades públicas del país se dedican a la docencia y son los que perciben un salario precario, de tal manera que tienen que completar sus ingresos prestando sus servicios en otra u otras instituciones educativas. Cabe señalar que no sólo hay diversas diferencias y desigualdades entre los maestros de asignatura y de tiempo completo, sino también entre estos últimos. En efecto, aproximadamente el 15% de los profesores de tiempo completo son los más privilegiados del trabajo docente, ya que han sabido aprovechar la gran variedad de apoyos extraordinarios que la federación ha ofrecido a las universidades en calidad de becas y otras modalidades. Hay académicos que perciben mucho más por esta vía, que por el salario estipulado en sus tabuladores.

En la educación privada esta situación se torna más grave, ya que los profesores de asignatura representan el 85.80% y el resto es de tiempo completo (9.53%) y de medio tiempo (4.67%), respectivamente. Estas cifras revelan, entre otras cosas, que les es más rentable invertir en la formación de profesionistas, que en la generación del conocimiento. El siguiente gráfico muestra con mayor detalle lo que se ha dicho en los párrafos anteriores.

En el aspecto sindical, sólo el 10% de los trabajadores formales del país está sindicalizado. El hecho de que sólo este porcentaje pertenece a una agrupación gremial, no quiere decir que todos ellos se muevan con libertad sindical. Es tan grave la falta de conciencia sindical y el interés de los trabajadores por los derechos y obligaciones laborales, que una buena porción de ellos ni siquiera sabe de la existencia del sindicato al que está afiliado, por lo que no tiene conocimiento del mismo y ni siquiera hace el intento por enterarse. Sólo el 1% de la fuerza laboral en México está asociada a sindicatos independientes y democráticos.

El mundo laboral mexicano se torna aún más grave cuando constatamos que más de la mitad de los trabajadores laboran en la informalidad, concretamente el 57% de la fuerza de trabajo estuvo en esta situación en el año 2017. Ante este panorama, la desigualdad salarial es muy profunda entre los trabajadores del país, pues la mayoría de ellos perciben salarios de miseria y unos cuantos obtienen percepciones que les permite vivir con dignidad. El salario en México está muy lejos de cumplir con lo que ordena la Ley Federal del Trabajo en su artículo 90 párrafo segundo que a la letra dice: El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Por otra parte, la organización del sindicalismo mexicano presenta la siguiente estructura.

Congreso del Trabajo (CT): el origen del CT se remonta al año de 1954, cuando se devaluó la moneda y los sindicatos vinculados al sistema político mexicano iniciaron un proceso de unificación, para hacer frente al nuevo panorama económico. Fue la Confederación de Trabajadores de México (CTM) la que convocó a Confederación General de Trabajadores (CGT); la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); la Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF); la Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), entre otras. El Congreso del Trabajo, fundado en 1966 a instancias del gobierno mexicano, es una manera de controlar el movimiento obrero. Éste representa al sindicalismo corporativo, en donde no hay libertad de expresión ni democracia sindical.

La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se constituyó en 1997 con la participación de ex-miembros del Congreso del Trabajo y del sindicalismo independiente. La unión es la segunda fuerza en el movimiento sindical mexicano. Agrupa a cerca de 200 mil trabajadores y tiene una relativa independencia del gobierno y de los partidos políticos. Previo a su nacimiento, hubo tres intentos de unidad sindical: el primero fue hacia la mitad de los cincuenta, cuando se formó el Bloque de Unidad Obrera (BUO); el segundo, en los sesenta con la creación de la Central Nacional Obrera (CNT) y el tercero, en 1966 con la constitución del Congreso del Trabajo (CT).

Nueva Central de Trabajadores (NCT): Esta organización surgió en octubre de 2011 a propuesta del sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La NCT busca articular de forma amplia, democrática y clasista al sindicalismo independiente y democrático y no pretende ser solamente una central sindical tradicional. En uno de sus congresos recientes, la NCT manifestó que el sindicalismo mexicano está debilitado, debido a que la mayoría de los trabajadores mexicanos no está afiliado a asociaciones gremiales, por lo que se comprometió a promoverlas y a instituirlas.

Coordinadora Mexicana de Trabajadores (CMT). Esta coordinadora es una agrupación independiente y apartidista, que está integrada por sindicatos nacionales de diferentes ramas de la industria. Lo que pretende es fomentar ambientes laborales que permitan ganar-ganar. La CMT le apuesta a la productividad y a la flexibilidad laboral. Propone que los contratos colectivos se formulen como si fueran trajes a la medida y que sus dirigentes sindicales promuevan ambientes laborales que beneficien, tanto al trabajador como a la fuente de trabajo. La coordinadora agrupa tres frentes: Confederación Obrera Revolucionaria (COR), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de los Estados Unidos Mexicanos (FESTEM).

Alianza Sindical Mexicana: es una asociación de Confederaciones Nacionales, Federaciones y Sindicatos Nacionales que se creó en el 2006 con el objeto de estudiar, mejorar y defender los derechos de las organizaciones sindicales, a nivel nacional. Las organizaciones sindicales que constituyen la alianza son: Confederación Auténtica de Trabajadores de la República Mexicana (CAT); Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM); Confederación de Trabajadores de Sindicatos Independientes (CTSI) y Federación Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas (FENASA). El total de trabajadores que la integran es de 1’050,000.

Tras años de neoliberalismo y ataques a los trabajadores, el sindicalismo en general; pero el independiente en particular, se encuentra debilitado, fragmentado jurídica, orgánica, geográfica y políticamente. Las nuevas generaciones de trabajadores no encuentran en su mayoría espacios de afiliación sindical. En el caso educativo, las condiciones de trabajo y posibilidades de sindicalización se ven limitadas.

Asimismo, el sindicalismo mexicano presenta una gran dispersión geográfica, carente de conexiones entre ellos, lo cual favorece al gobierno mexicano y, por supuesto, a los patrones. La causa de esta dispersión parte de la Ley Federal del Trabajo, al establecer dos tipos de apartados para agrupar a los trabajadores: el apartado A y apartado B. Esta dispersión no sólo es entre estos apartados, sino también dentro de los mismos, lo cual va en detrimento de los derechos laborales, de manera restrictiva. Un ejemplo claro es el de la situación en la temporalidad del trabajo que, en el caso de las universidades, se ligó al concurso de oposición. También la dispersión es de carácter orgánico y político, la cual queda de manifiesta en las diferentes fechas de emplazamiento a huelga de los sindicatos universitarios. Esto es así porque la legislación mexicana no permite la constitución de un sindicalismo nacional en la educación superior, por más esfuerzos que se hicieron para que fuera posible.

El mapa del sindicalismo educativo nacional en los niveles medio superior y superior puede apreciarse en el siguiente cuadro.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU) está integrada por la Asociación Nacional de Sindicatos Administrativos Universitarios (ANSAU) y la Asociación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Personal Académico Universitario (ANASPAU). En ella están afiliados, según información de su portal web, 103 asociaciones y sindicatos tanto académicos como administrativos.

La Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) agrupa una decena de sindicatos de instituciones de educación superior del país. Uno de los sindicatos más representativos de esta agrupación es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).

El Frente Nacional de Sindicatos y Organismos Públicos Descentralizados de Educación Media Superior (FNSOPDEMS), lo integran cinco frentes: Federación Nacional de Sindicatos de CECyTES (FNSCECyTES); Federación Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior (FNSEMSYS); Federación Nacional de Sindicatos del CONALEP (FENSACONALEP) y la Coordinadora Mexicana de Sindicatos de Trabajadores Académicos del CONALEP (CMSTACONALEP) y Federación Mexicana de Sindicatos de los CECYTE´S de los Estados (FEMESCECYTE). Asimismo, cuenta con decenas de agrupaciones sindicales y tiene amplia presencia nacional.

La Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), la conforman alrededor de 30 organizaciones sindicales y se encuentra en relación fraterna con, al menos otras 15. Algunos sindicatos integrantes tienen carácter nacional, aunque la mayoría se concentran en los Estados del centro del país.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual surgió formalmente en el mes de febrero de 1944. La estructura del SNTE es: una Presidencia Nacional, una Secretaría General Ejecutiva, Colegiados, Órganos Nacionales de Gobierno, Organismos Auxiliares y Asociaciones Solidarias. Asimismo, está dividido en 61 Delegaciones Sindicales en toda la República Mexicana.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), surgió en diciembre de 1979 como una alternativa de afiliación al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por grupos de maestros disidentes del SNTE del sur del país. La CNTE tuvo mucho que ver con la destitución del profesor Carlos Jonguitud Barrios, quien estuvo en el cargo de 1974-1989 y fue relevado por la maestra Elba Esther Gordillo Morales. Por más de 30 años, la CNTE promueve la democratización del SNTE, mediante el voto universal para elegir a la dirigencia nacional. También ha sido constante en oponerse a la reforma educativa.