Es evidente que el problema financiero de las universidades públicas estatales (UPES) radica en la política restrictiva que ha implementado la federación a estas instituciones por más de una década, a pesar del gran aporte que le han dado y lo seguirán haciendo al país en los sectores económicos, políticos y sociales, siempre y cuando tengan los recursos financieros suficientes para cumplir con sus tareas académicas marcadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por sus respectivas legislaciones.  Reiteradamente, los rectores de estas casas de estudio reunidos en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, así como los sindicatos universitarios asociados en diversas agrupaciones, como la Confederación Nacional de Sindicatos Universitarios (CONTU), que congrega a la mayoría de las universidades públicas estatales, han levantado la voz para exigir mayores recursos a este sector educativo y no ha habido una respuesta positiva, por el contrario, en lugar de incrementar sus presupuestos, la federación redujo los recursos de manera drástica en 2017, tanto al presupuesto ordinario como al extraordinario.

El recorte al presupuesto ordinario, en el proyecto presupuestal 2017, era de $37, 282, 370, 460.00 con respecto al 2016. En términos de porcentaje, estos recursos representan el 12.30%.  Con respecto el presupuesto extraordinario, la disminución fue de $9, 595, 663, 041.00 con respecto al año anterior. Porcentualmente hablando, este restricción representa el 48.62%. Es evidente que el mayor recorte fue en el presupuesto extraordinario, en donde están rubros tan importantes como: el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACyT), Programa Nacional de Becas, Desarrollo Profesional Docente, Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Carrera Docente, Expansión de la Educación Media Superior y Superior, Inclusión y Equidad Educativa y, Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales, que se refiere a los programas de apoyo a Pensiones y Jubilaciones, Reconocimiento de Plantillas y Saneamiento Financiero.

Indudablemente que esta restricción financiera fue la que agravó el problema económico de todas las universidades públicas estatales, de tal manera que varias de ellas se declararon en quiebra técnica para cumplir con los pagos y salarios de sus trabajadores administrativos y docentes, en los dos últimos meses del año en curso. Dichas instituciones son: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH), Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

A principios de este año, los rectores de estas universidades solicitaron a la Secretaría de Educación Pública su apoyo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les otorgara los recursos económicos suficientes para salir de esta situación y poder cumplir sus obligaciones con sus trabajadores. En febrero del presente año, en el marco de la Reunión Regional de Trabajo celebrada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la SEP alentó la esperanza al señalar la posibilidad de que la SHyCP les otorgue su apoyo económico. Sin embargo, el 21 de noviembre el subsecretario de educación superior, el Dr. Salvador Jara, declaró en el periódico El Universal del 21 de noviembre 2017, que la SEP “no dispone de recursos extraordinarios para rescatar de la crisis financiera que enfrentan las universidades públicas de al menos cinco estados en el país”, argumentando que en otras ocasiones ya se les había rescatado, con la condición de que llevaran a cabo reformas estructurales que tendientes a resolver de raíz sus problemas financieros, pero no cumplieron con este compromiso. Por esta razón, dice el funcionario, “Ahora vamos a ver cuáles son las reglas de operación de los nuevos apoyos; sin embargo, seguramente será más que recibir proyectos o promesas, habrá que decir a las universidades que realmente hagan algo o que avancen en el saneamiento de sus finanzas”.

Esta postura ha sido fuertemente criticada por los rectores de las universidades públicas estatales, pues, consideran injusto que la federación no las apoye para salir de sus crisis financieras. Habría que evaluar el tipo de reformas estructurales que la Secretaría de Hacienda, a través de la SEP, pretende que lleven a cabo estas casas de estudio, pues, pueden atentar a sus autonomías y a derechos laborales recogidos en sus contratos laborales.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró en el periódico La Jornada del 22 de noviembre del año en curos, que la razón de la incertidumbre financiera a la que se enfrentan todas las universidades estatales año con año es la insuficiencia de recursos económicos que destina la federación a estas instituciones, más que a los malas administraciones o a las prestaciones económicas de sus trabajadores. A quienes abusen de los presupuestos de las universidades, habría que pedirles rendición de cuentas y aplicarles la ley, en caso de detectar alguna irregularidad.  La federación no debe justificar la restricción de recursos a la educación superior, argumentando los abusos de las administraciones universitarias, para no dotarlas de los recursos que requieren para atender, tanto la ampliación de la cobertura estudiantil, así como de su plantilla docente y administrativa, pues, dice el Dr. Enrique Graue Wiechers en la misma entrevista, que “las instituciones de educación superior no pueden ni deben ser castigadas todas por el indebido actuar, en algunos casos, de un puñado de autoridades o administradores irresponsables”.

Los gremios universitarios también han manifestado por diversos medios el rechazo a los recortes presupuestales a la educación pública, particularmente a la que imparten las universidades estatales. Asimismo, apoya la voz de los rectores de que el problema real es la insuficiencia económica del estado a la educación superior, no tanto en la irregularidad de sus administraciones, que deben ser castigadas, en caso de que sucedan ni mucho menos en las prestaciones económicas de sus trabajadores. Ante la política de tope salarial impuesta al trabajador universitario, estos estímulos son importantes para amortiguar las bajas percepciones y su pérdida del poder adquisitivo.

Como muestra del apoyo a las universidades en quiebra financiera, la CONTU en la Asamblea Extraordinaria celebrada en la ciudad de Oaxaca el 17 de noviembre de este año, acordó realizar un paro laboral a nivel nacional en las universidades públicas estatales e instituciones de educación superior, si la federación no rescata financieramente a las instituciones señaladas. El Comité Ejecutivo Nacional estará al pendiente de esta situación y, en caso de que no haya una respuesta positiva por parte del estado, señalará el día y la hora para llevar a cabo esta acción.