Las universidades públicas estatales y, en general toda la educación pública superior del país, vienen arrastrando una profunda crisis financiera desde hace ya varios años, misma que se expresó de forma severa en varias universidades que, al no poder cubrir sus compromisos de toda índole, se declararon en quiebra técnica a principios de 2018 y a la fecha el problema no está resuelto. La principal causa de esta situación es el abandono financiero que el Estado mexicano ha hecho por décadas a este sector educativo, a pesar de que en los discursos oficiales lo consideran como el motor del desarrollo económico y social. No es posible que la Federación y los estados les exijan a las instituciones estatales incrementar la demanda educativa y, por ende, la contratación de personal docente para su atención, sin aumentar los recursos financieros conforme a esta exigencia. Algunas de las acciones que estas universidades han realizado para salir adelante con sus compromisos económicos es dejar de aportar las cuotas a la seguridad social, dividir las plazas para contratar maestros de asignatura, suspender los concursos de oposición, entre otras.

En diferentes foros organizados por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), así como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CENSUECIC) y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios (FNSU) han tratado este grave problema por el que pasa la educación superior del país y han acordado realizar diversas acciones para que la federación tome conciencia de la importancia que tiene este sector educativo para el país. Estas agrupaciones sindicales que concentran a la mayoría de los sindicatos de la educación superior, tanto de académicos como de administrativos acordaron crear, a finales de 2017, el Comité Nacional de Huelga y la Comisión Nacional Negociadora, con el fin de exigir al gobierno mexicano cumpla su compromiso de otorgar a la educación pública superior los recursos financieros para que ésta realice sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura.

Una acción muy concreta que acordaron estas agrupaciones fue la de iniciar una huelga nacional a partir del 31 de marzo, con el objeto de apoyar a las instituciones en quiebra para que las autoridades implicadas en esta problemática resuelvan adecuadamente sus demandas.

Como prueba de que cada vez más las negociaciones contractuales y salariales son cada vez más complicadas, en el cuadro de los resultados de estas negociaciones se aprecia que varios sindicatos solicitaron a las autoridades laborales de sus respectivos estados les concediera no sólo una prórroga, sino varias más, pues, los acuerdos entre las autoridades universitarias y sus sindicatos académicos no lograban llegar a un acuerdo definitivo para conjurar la huelga.

Algunos de estos sindicatos, al no aceptar las propuestas de sus rectorías tuvieron que estallar en huelga con las consecuencias que ésta conlleva, al afectar a toda la comunidad universitaria y a la misma sociedad.

En este año, los sindicatos académicos (STAUACh) y administrativos (STUACh) de la universidad autónoma de Chapingo estallaron en huelga al no llegar a un acuerdo con sus autoridades. En particular, las demandas de los trabajadores académicos fueron: incremento salarial del 15%; un bono de 30 mil pesos; aumento del 15% en viáticos; 5% en retabulación; un millón de pesos para cláusulas colectivas y 3 millones de pesos anuales para el fondo de pensiones y jubilaciones. En cambio, la rectoría les ofreció 3.4% de incremento salarial, $11,700.00 en monedero electrónico para material didáctico; 4.8% en viáticos y del resto de peticiones no les propusieron nada.

El 20 de febrero de 2018, fue conjurada la huelga al llegar al siguiente acuerdo entre ambas partes: 3.4% de incremento salarial; un bono de 11 mil 700 pesos en monedero electrónico para material didáctico y 4.8 por ciento en viáticos. Como puede observarse, las autoridades universitarias de esta institución no incrementaron sus ofrecimientos.

También los sindicatos del personal académico (SPAUAEH) y de trabajadores y empleados (SUTEUAEH) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo estallaron en huelga el 4 de marzo de 2018. Las demandas del sindicato de académicos fueron: aumento salarial de 12%, 10 días más de aguinaldo, un bono bianual y un incremento del 30% de vales de despensa. Ante estas peticiones, la rectoría de esta Universidad respondió que el Gobierno del Estado no le otorgó los recursos extraordinarios, como lo venía haciendo desde el 2006, por lo cual no podía cumplir con estas demandas.

La huelga fue conjurada el 10 de marzo, al llegar a un acuerdo con la rectoría en los siguientes términos: incremento de 3.4% al salario, 5% a vales de despensa, 12% de bono bianual y 10 días más de aguinaldo.

Los universitarios hidalguenses consideraron que la negativa del Gobierno del Estado por no apoyar a la Institución se debe a que no tiene su control, desde hace tres décadas. Están molestos por no poder imponer a las autoridades de su contentillo. Además, el malestar fue mayor cuando la Suprema Corte de Justicia les negó imponer un contralor externo, bajo el argumento de que no confiaban en la contraloría interna de la Universidad.