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La directiva fue invitada a participar en el curso de

Valuación de CCT y Técnicas de Negociación

TALLER DE CAPACITACIÓN PARA SINDICATOS UNIVERSITARIOS, EDUCACIÓN SUPERIOR, INVESTIGACIÓN Y CULTURA

25 y 26 de mayo, 2017

PLIEGO PETITORIO DE LA CONTU A LA SHyCP

Los sindicatos universitarios afiliados a la CONTU siguen luchando para que la federación incremente los recursos económicos a las universidades públicas o, al menos, no los recorte, como sucedió en el presupuesto de ingresos y egresos de 2017. Sin mayor financiamiento a la educación pública superior, no será posible ampliar la cobertura educativa; abrir las plazas necesarias para atender no solo la docencia, sino también la investigación y, en general, mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores universitarios.

Después de hacer varios intentos por reunirse la CONTU con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que en última instancia reparte los recursos económicos a estas instituciones, se logró concertar una audiencia con la C.P. Marcela Andrade Martínez, Jefa de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La confederación, a través de esta funcionaria, le hizo llegar al titular de esta Secretaría un pliego petitorio con las siguientes demandas:

• Dar cumplimiento del Artículo 25 de la Ley General de Educación, respecto de la obligación del Estado de destinar un presupuesto Público que no sea inferior al 8% del PIB y, de este monto asignar al menos 1% del PIB a la investigación científica y desarrollo tecnológico, aspecto que también se establece en la Ley de Ciencia y Tecnología (Art. 9 bis).
• Dar marcha atrás a la política de recortes presupuestales a los fondos extraordinarios para la educación superior y restituir las disminuciones aplicadas a los mismos en el actual ejercicio presupuestal 2017, por más de 8 mil 500 millones de pesos. Es inaceptable que ante las actuales exigencias académicas y educativas de la educación superior se reduzcan fondos de financiamiento prioritarios para su fortalecimiento y consolidación, como son: El Programa Nacional de Becas, Desarrollo Profesional Docente, Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Carrera Docente, Expansión de la Educación Media Superior y Superior, Inclusión y Equidad Educativa y, Apoyo para la Atención a Problemas Estructurales, que se refiere a los programas de apoyo a Pensiones y Jubilaciones, Reconocimiento de Plantillas y Saneamiento Financiero. Con estas medidas arbitrarias se ha puesto en riesgo la viabilidad económica e institucional de nuestras universidades y por ende la pérdida del derecho de muchos jóvenes a cursar una carrera profesional.
• En el mismo sentido demandamos revertir la disminución presupuestal impuesta al programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, que impacta severamente al CONACyT en más de 7 mil millones de pesos. Esta afectación debe ser atendida, ya que de lo contrario tendrá como consecuencia la negación al desarrollo de la soberanía nacional, al descuidar un sector estratégico para la transformación que tanto requiere nuestro país.
• En el caso particular de los sistemas de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas, es necesario incrementar el monto del subsidio anual y no disminuirlo como en el actual ejercicio presupuestal 2017.

Es necesario que la SHCP valore que las reformas pensionarias impulsadas por las UPE durante el periodo 2002–2016, han logrado impactar significativamente en la reducción de sus pasivos contingentes en más de 450 mil millones de pesos, a partir de la asignación de 13 mil 200 millones de pesos correspondientes al Fondo de Apoyo para las Reformas Estructurales. Esto, desde luego, pone de manifiesto la voluntad y corresponsabilidad del sindicalismo universitario en la búsqueda de soluciones a tan grave problema de seguridad social.

Tal situación obliga a revisar y replantear los criterios de asignación presupuestal que determinan el monto global y la distribución del Fondo de Apoyo para las Reformas de los Sistemas de Pensiones y Jubilaciones de las UPE y, en la misma perspectiva, exige asumir mayores compromisos en el diseño de reformas pensionarias orientadas a considerar los ajustes paramétricos que demanda la nueva realidad económica y demográfica en esta materia; además de la responsabilidad ineludible en la creación y consolidación  de los fondos de reserva, de tal forma que considerando todas estas medidas en conjunto, se permita abatir  el creciente déficit pensionario que enfrentan las instituciones públicas de educación superior, y en el mismo sentido garantizar su viabilidad económica en el corto, mediano y largo plazo.

En este contexto se destaca la situación de riesgo financiero de las universidades que se encuentran incorporadas a sistemas de pensiones estatales, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Veracruzana. Se propone que estas instituciones educativas sean consideradas en la asignación de recursos de apoyo de las reformas estructurales, debido a que los sistemas estatales enfrentan actualmente problemas de inviabilidad financiera y a que se plantean compromisos presupuestales para estas instituciones en caso de insolvencia de los sistemas estatales.

• En materia de salarios, los trabajadores universitarios requerimos de un nuevo proceso de homologación salarial para el personal académico y administrativo de las universidades públicas. Se demanda un nuevo proceso de homologación tabular de salarios, como el que se realizó en el año de 1984 y que como resultado de la dinámica de las revisiones salariales en las distintas universidades, a la fecha, se ha modificado sustancialmente la estructura original de la homologación.

Para ser más explícitos, nos referimos a aquel tabulador nacional, que reconocía 2 zonas económicas, la II y la III y que actualmente sólo en algunas universidades se ha mantenido a la par de las instituciones de educación superior del sistema SEP.

• En referencia a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por efecto de políticas impositivas como los llamados topes salariales, el sindicalismo universitario plantea la necesidad de formalizar un programa de recuperación salarial, en el cual se restituya la pérdida del poder adquisitivo de las últimas décadas.

En tal sentido, la aplicación de los incrementos salariales para el ejercicio fiscal 2017, deben sustentarse en criterios objetivos respecto al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, y no en la imposición de un tope salarial de 3.08%, que se ubica por debajo de la inflación real, y más aún con referencia al incremento del 9.58% al salario mínimo, recientemente aprobado.